Fonte
Grupo Parlamentario Popular en el Senado
AL PRESIDENTE DEL SENADO
MARÍA DEL CARMEN GUEIMUNDE GONZÁLEZ, Senadora por Lugo del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para la que desea obtener respuesta por escrito.
El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) es un organismo de carácter policial que desarrolla su actividad persiguiendo el contrabando. Orgánicamente depende del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria (AEAT) y, por lo tanto del Ministerio de Economía y Hacienda. Sus operaciones e investigaciones están encaminadas a la persecución de los delitos e infracciones tipificados en la Lei Orgánica de Represión del Contrabando en todo el territorio español en su espacio aéreo y en sus aguas jurisdiccionales; aunque los medios de los que dispone le permiten también realizar abordajes de buques dedicados al tráfico de drogas en augas internacionales.
Durante el año 2008 los profesionales que integran este servicio lograron la incautación de 234.838 kilogramos de drogas (fundamentalmente cocaína y hachís) lo que constata la eficiencia de los funcionarios que atienden el servicio y la necesidad del mismo para garantizar la salud pública de los ciudadanos. Posible si los operativos de control disponen del material técnico y humano, necesario y “a punto”, para sus intervenciones.
La patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera con base en Ribadeo permanece amarrada al muelle de Mirasol desde el pasado mes de noviembre, sin realizar ninguna salida debido a una avería. Días después responsables de la Agencia Tributaria manifestaban que en quince días estaría operativa. Pero no ha sido así. La lancha fue arreglada, pero cuando se realizaron las pruebas de mar se detectó que perdía aceite, de modo que regresó a puerto y allí sigue, a la espera de una solución.
Este hecho ha sido denunciado públicamente por los sindicatos que han constatado que el caso del Alcaraván II no es único, ya que la patrullera de Muros está parada desde el pasado 30 de enero a la espera de una reparación insignificante, dejando desprotegida una de las zonas preferidas por los narcos (A costa da Morte) para dar entrada a sus alijos (recordar que a principios de año fueron intervenidos cuatro mil kilos de cocaína cerca de Muxía).
Las embarcaciones de Ribadeo y Muros tienen más de 24 años de antigüedad, por lo que las revisiones y el mantenimiento de los motores tienen que ser constantes. Lo que significa que, en caso de avería, durante muchos meses del año estas zonas están sin vigilancia marítima contra el narcotráfico.
Incidiendo en la precariedad del servicio, la exigencia de que una embarcación con base en la Coruña, como fue el caso durante los temporales de viento en el norte gallego, tenga que desplazarse tantas millas para cubrir la baja de la lancha ribadense, supone además un riesgo tanto para el operativo como para la vida de los funcionarios, que se desplazan muchas millas en condiciones meteorológicas muy adversas.
Resulta más que evidente que la falta de operatividad de esta lancha reduce de manera significativa los medios de titularidad pública dispuestos en la costa de la Mariña con el fin de luchar contra la acción de los ilegales. Lo que dificulta el objetivo, por todos pretendido, de abortar las intenciones de aquellos que intentan introducir drogas y otros productos estupefacientes convirtiendo la comarca en un espacio especialmente vulnerable frente al narcotráfico.
La precariedad con la que actúa el persoal adscrito al Servizo de Vigilancia Aduaneira que tiene su base de operaciones en la Mariña lucense, pone de relieve la gran debilidad de estos medios y, evidencia la necesidad de que la administración central, competente en este ámbito, realice las gestiones oportunas para reforzar los actuales controles y corregir con celeridad las deficiencias detectadas.
Es por esto que esta senadora formula al Gobierno y a su Ministerio de Economía y Hacienda, como responsable máximo del Servicio de Vigilancia Aduanera, las siguientes preguntas:
1.- ¿ A qué fecha se remonta el amarre a puerto de la lancha Alcaraván II ?
2.- ¿Por qué motivos ?
3.- ¿ Durante qué períodos ha permanecido inactiva la patrullera, en el desarrollo de sus labores de vigilancia Aduanera, en el transcurso del último año?
4.- ¿A cuanto asciende el coste de reparación de la avería detectada?
5.- Si la avería ha sido localizada. ¿Qué razones impiden el pronto restablecimiento del servicio?
6.- ¿Qué efectivos han protegido la costa lucense del narcotráfico y contrabando en ausencia del Alcaraván II ?