O xerente e portavoz da asociación, Jesús Pérez, sinala: “nos alegramos de la medida tomada por la justica gallega, que tumba las restricciones, arbitrarias e injustas que la Xunta de Galicia había impuesto a nuestros hosteleros. Los hosteleros no son policías ni médicos, por lo tanto ahora podrán dedicarse a su trabajo que es atender a sus clientes”.
Pérez Prada manifesta: “nos parece increíble que la Xunta de Galicia, no solicitase autorización judicial para tomar esta medida, como si se hizo en toda España, y nos preguntamos porque no lo hicieron. ¿Por qué no se solicitó autorización judicial para adoptar una medida que afectaba directamente a la protección de datos personales, que ponía en jaque a los hosteleros generándoles infinitos problemas con los clientes, incluso teniendo que llamar a la Policía por comportamientos incívicos? ¿Quién va a asumir el coste de esa medida que ha generado pérdidas en la hostelería ribadense de entre el 50 y el 80% de la facturación?”.
O xerente de Acisa agarda que “la Xunta de Galicia se apresure a aclarar ahora la situación en la que quedamos los municipios en los niveles con más restricciones y que no tomen esta decisión de la justicia para cerrar o limitar más la hostelería, porque de ser así estaríamos ante una medida muy difícil de justificar por su parte y de grabes consecuencias económicas para el sector”.
Jesús Pérez engade: “desde Acisa Ribadeo solicitamos a la Xunta unas normas coherentes y equitativas que dejen de perjudicar a la hostelería. Los mesones, bares y restaurantes son los lugares más seguros para reunirse la gente. Y pedimos que la administración gallega asuma la responsabilidad por los daños causados, ya que la hostelería ha estado aplicando una norma que no estaba avalada judicialmente. Exigimos ayudas directas a fondo perdido a todo el sector afectado, por el equivalente a la facturación que se hizo al menos en el mismo periodo del año 2020, ya no vamos más atrás pidiendo que sea del 2019. No es concebible que la Xunta de Galicia no sometiese a autorización judicial algo tan delicado como la exigencia de mostrar datos de carácter personal y médico, que son sagrados ante la ley de protección de datos, obligando a camareros y empresarios a sufrir las consecuencias de tener que aplicar una norma ilegal o que al menos que no estaba vigente”.