Javier Illán.- No creo que la regularización del sueldo de los alcaldes sea lo más relevante del anteproyecto de reforma de la Ley de Administración Local. Otros aspectos de la embrionaria propuesta del gobierno, que supondrían una inevitable pérdida de autonomía de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en favor de las Diputaciones, podrían haber merecido más atención y preocupación. Quizás por ello resulte tan irritante la salida en tromba de algunos dirigentes políticos de A Mariña, atacando con todo tipo de variopintos argumentos la racionalización de salarios que plantea la iniciativa; su inoportuno exhibicionismo mediático es posible que contribuya más que ninguna otra cosa a que la ciudadanía encuentre idóneo y necesario este anteproyecto sólo por la cuestión salarial. Sufrimos una grave crisis económica que está costando un enorme esfuerzo y sacrificio a todo el mundo; que también se pretenda reducir y optimizar el gasto público de los ayuntamientos, parece lógico. En España hay 8.117 consistorios. Del total, no llegan a 400 los que superan los 20.000 habitantes, y casi 5.000 tienen menos de 1.000. Ya que somos europeos, no estaría de más echar un vistazo a la situación en nuestro entorno. El Consejo de Europa, por ejemplo, recomienda que se unan los municipios de menos de 10.000 habitantes. Muchos socios comunitarios acometieron fusiones en los años ochenta y noventa; otros lo han hecho recientemente forzados por esta crisis. En España la última reducción de municipios data del año 1966, cuando se suprimieron más de 1.200. El Secretario de Ayuntamiento Alejandro de Diego aporta un dato curioso: España cuenta en la actualidad con más entidades locales (ayuntamientos, mancomunidades, Entidades de Ámbito Territorial Inferior y Comarcas) que Alemania, Dinamarca, Suecia, Grecia, Islandia, Holanda, Bélgica, Portugal y Letonia juntos, a pesar de que nuestra población suma menos de un tercio de la de todos ellos. Aspiramos a sueldos y servicios como los de muchos países europeos, uniones fiscales y financieras, pero sin embargo no parecemos dispuestos a renunciar a un irracional e inviable número de consistorios. Es más, por el momento, el proceso voluntario de fusión de ayuntamientos que promovió el gobierno sin mucha convicción, está siendo un absoluto fracaso; por el hecho de ser voluntario, lo mismo ocurrió hace años en Francia,y ahora vuelven a intentarlo de nuevo con otros requisitos. Fonsagrada es el municipio más grande de Galicia con 438km2; su población no llega a cinco mil habitantes. El tamaño de la unión de los municipios de Vicedo, Ourol, Xove y Viveiro, sería de una extensión aún menor que Fonsagrada con una población de más de 22.000. Este nuevo ayuntamiento sería más sostenible, permitiría disminuir costes per cápita en la prestación de servicios, además de mejorarlos y aumentarlos; no cabe duda que vería incrementado su protagonismo e influencia política, y por lo tanto, su capacidad de negociación con otros niveles administrativos, lo que sin duda redundaría en una mejor calidad de vida de sus ciudadanos. Es solo un ejemplo, se podrían poner otros muchos. El escenario parece conveniente y atractivo, y así lo recomiendan muchos expertos, pero no hay políticos audaces que se atrevan si quiera a explorar la posibilidad. Es probable que no haber confiado suficientemente en sondear esta alternativa, haya abocado al gobierno a presentar un anteproyecto que resucita a las Diputaciones, y cuya propuesta de salarios, tanto ha soliviantado a nuestros representantes políticos mariñanos, acaso más preocupados por lo verdaderamente importante. Pero una cosa está clara: Europa espera algún cambio de calado que ponga sentido común también en nuestra administración local.
Javier Illán