Carta al Sr. Conselleiro de Política Social de la Xunta de Galicia

Alejandro de Diego.- Sr. Conselleiro de Política Social de la Xunta de Galicia, D. José Manuel Rey Varela, en primer lugar trasladarle mi felicitación por su reciente nombramiento y el deseo de que su gestión esté plagada de aciertos, pues sus éxitos serán los de todos nosotros como ciudadanos en general, y los de los usuarios de los servicios sociales en particular.

Pero el motivo de esta carta no es esa muestra de cortesía sino dejar constancia de la preocupación tanto de los Ayuntamientos como del sector vinculado a esos servicios sociales con su futuro como consecuencia de la regulación contenida en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que ambos conocemos tan bien, usted por su experiencia como Alcalde y sobre todo como Presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, y yo como Secretario de Administración Local con muchos años de ejercicio a la espalda.

Creo que a estas alturas nadie desconoce que según lo que dispone esa Ley el 31 de diciembre las Comunidades Autónomas, y por lo tanto también la Xunta de Galicia, deberán asumir las competencias que hasta ahora vienen ejerciendo los Ayuntamientos en materia de servicios sociales y creo que tampoco se nos escapa a nadie que no tienen capacidad ni económica ni financiera para hacerlo así como que ninguna ha elaborado el plan para la evaluación, reestructuración e implantación de dichos servicios tal y como prevé dicha Ley para que asuman la cobertura inmediata de dicha prestación.

Y todo esto lo conoce usted perfectamente, no en vano como Presidente de la FEGAMP firmó unas alegaciones contra el proyecto de esa Ley de reforma local considerando, a mi juicio acertadamente, que los servicios sociales deberían mantenerse dentro del ámbito de las competencias propias municipales, entre otras cosas, y literalmente, porque es una materia donde la proximidad a los ciudadanos es básica para su prestación eficaz y eficiente. Es decir, entiendo que era contrario a su gestión a través de las Comunidades Autónomas por esos motivos, y, paradojas del destino, es lo que le va a tocar hacer como Conselleiro de Política Social.

Y ahí está el motivo de esta carta: pedirle que despeje la incógnita y nos diga qué va a pasar una vez que guardemos las fanfarrias de la fiesta de Fin de Año. Y no nos hable de la aplicación de la Ley gallega de medidas urgentes frente a la estatal porque son contradictorias, ya que donde aquella habla en futuro y dice que esos servicios sociales se asumirán por la Xunta cuando se establezca un nuevo sistema de financiación autonómica y de haciendas locales, la estatal habla en presente y por lo tanto se refiere claramente al sistema de financiación existente a 31 de diciembre de 2015. Y por si existe alguna duda sobre qué Ley debe aplicarse sólo tenemos que remitirnos al dictamen evacuado por la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia con motivo de la contradicción de la Ley gallega de Administración Local con la estatal en cuanto a las mayorías necesarias para la adopción de los acuerdos de fusión de los Ayuntamientos de Oza dos Ríos y Cesuras donde dejó claro que la normativa a aplicar es la estatal, y precisamente por ello se pudo llevar a cabo dicha fusión. Por lo que no parece razonable que en tan poco tiempo vaya a cambiar de criterio.

Por esto, y teniendo presente que los primeros afectados, los usuarios de los servicios sociales, son no sólo la parte más débil sino también la más frágil de la sociedad, es por lo que deberían dejarse las cosas claras cuanto antes, aunque ya quede poco tiempo. No espere a que algún Ayuntamiento, o unos cuantos, o todos, amparados por la propia Ley estatal, decidan seguir prestando esos servicios como hasta ahora y le pidan a Hacienda que le retenga a la Xunta de Galicia las cuantías correspondientes para transferírselas a esos Ayuntamientos, y acabe siendo ese Ministerio el que termine sacándole los colores.

Alejandro de Diego Gómez.
Secretario de Administración Local.